La demanda alimentaria en la ciudad bajó un 30 por ciento en relación a los momentos más críticos de las restricciones sanitarias, cuando vastos sectores dejaron de trabajar y de percibir ingresos. Pero como la pandemia no terminó y el panorama de contagios continúa inestable, la Municipalidad mantiene los canales de distribución directa de víveres así como la inversión en el rubro, que trepa a 400 millones de pesos para 2022, un 20 por ciento más que el año pasado para el primer semestre. Así lo explicó Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, además de estimar que en la actualidad “200 mil personas se sostienen con ayuda alimentaria de algún punto de la red de asistencia”.
Esa trama –constituida por 33 Centros de Convivencia Barrial (CCB) y mil comedores comunitarios, a lo que se suma la línea de trabajo conjunto del municipio con el gobierno de la provincia, el Concejo y el Banco de Alimentos Rosario (BAR) – llegó a cubrir las necesidades de 400 mil rosarinos en la etapa más álgida del aislamiento.
Gianelloni describió que ahora se descomprimió la demanda de emergencia y el mayor reclamo que se escucha en los barrios y de las organizaciones sociales no es por la comida sino por el empleo. “Nos plantean inquietudes en torno a la capacitación laboral y cómo generar puestos de trabajo”, relató el funcionario y anunció que a partir del 7 de marzo, luego de dos años, se vuelve a cocinar en los CCB, a los que concurren principalmente chicos.
Volver a (comer en) la escuela
Con el regreso a clases también se retoma la preparación de comidas en los comedores escolares, uno de los dispositivos oficiales más importantes en cuanto a provisión de alimentos a las infancias por estructura, extensión y cantidad de beneficiarios. El Ministerio de Educación de Santa Fe fijó la fecha de inicio del servicio para el 2 de marzo, así como el valor de la ración para copa de leche en 20 pesos y el de comedor en 60 pesos (según la resolución Nº 1 del 15 de febrero). Por estas horas la cartera provincial se aboca a solucionar problemas de infraestructura en algunos establecimientos ya que desde 2020 no se habían usado las instalaciones para cocinar y muchas veces las destinaban a otros fines (mientras, se entregaron quincenalmente módulos o bolsones con alimentos secos a los alumnos y sus familias), a lo que se suman cortes en los servicios.
“Desde la Regional (sexta del Ministerio de Educación) nos comentaron que 22 comedores no se encontraban en condiciones y estaban trabajando para acondicionarlos. Hay muchas escuelas sin gas, es impresionante la cantidad de establecimientos a los que les cortaron el gas este verano”, sostuvo Juan Pablo Casiello, secretario gremial de Amsafé Rosario, y puso como ejemplo de las dificultades edilicias el comedor de la primaria Nº 1.396 “Santa Lucía”, en zona oeste, donde comen 300 chicos.
Lorena Almirón, del gremio que nuclea a los asistentes escolares, aportó que también hay cortes de electricidad y agua en algunas escuelas, además de necesidad de cargos de auxiliares y porteros, si se considera que la cocina centralizada elabora unas 15 mil raciones diarias en Rosario y alrededores cuando antes de la pandemia eran 9.600. “Desde ATE insistimos para que volvieran a funcionar los comedores porque veíamos que con los bolsones no alcanzaba, se fueron reduciendo en cantidad y calidad; además con el plato de comida servido en el comedor garantizás que los chicos se alimenten y aunque no debería ser así también evitás la deserción escolar”, expresó la dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado. “Lo que no queremos es que los alumnos coman en los salones, sería un retroceso a algo que pasaba hace 20 años”, advirtió.
Si bien el monto asignado para las raciones creció en relación al año pasado, Casiello y Almirón coincidieron en calificarlo como muy bajo. “Antes de la pandemia a nivel provincial se daban 450 mil copas de leche y 168 mil raciones en los comedores, que ahora son 215 mil, es decir que hubo un 28 por ciento de aumento a causa del crecimiento de la pobreza y a pesar de que estamos en una provincia rica, productora de alimentos”, enfatizó la referente de ATE Rosario. La inflación sin tregua complejiza el escenario.
Gianelloni, en tanto, aportó que apenas pueden recuperarse laboral y económicamente, los beneficiarios de la asistencia alimentaria prefieren resolver la cuestión alimentaria por sus propios medios y no a través de la asistencia oficial o de los comedores comunitarios. En cambio, “una porción de la población que atraviesa una pobreza estructural necesita de la ayuda del Estado. En los barrios la demanda no es ‘Dame para comer’ sino ‘Dame para trabajar, así que estamos poniendo el acento en programas focalizados por sector –puntualizó el secretario de Desarrollo Humano–. Por ejemplo cómo ordenar y apuntalar a poblaciones vulneradas que hoy desarrollan emprendimientos en las ferias populares o a través del comercio de cartón”. En otras palabras, cómo lograr que la mesa esté servida para todos.
Superproducción de alimentos y hambre en Santa Fe
En vísperas del regreso a la presencialidad plena, la Legislatura santafesina aprobó el jueves pasado un pedido de informes de la diputada socialista Erica Hynes sobre las características del servicio alimentario prestado en las escuelas públicas, en sus diferentes modalidades desde 2020. “Nos preocupa que se preparen raciones adecuadas en cantidad y calidad nutricional; como en otros asuntos no tenemos estadísticas y queremos conocer cómo se planifica la política alimentaria del Ministerio de Educación”, explicó la legisladora, especialista en ciencia y tecnología de los alimentos e impulsora de dos proyectos en la materia, uno con media sanción en la Cámara de Diputados.
Se trata de la ley de alimentación pública, que según su autora moderniza la normativa santafesina y apunta a cambiar el paradigma tanto en la asistencia –incorporando la opinión de los beneficiarios– como en la compra de los víveres por parte del Estado, de modo que se contemplen otros actores de la cadena productiva (el sector de la economía social y las cooperativas por ejemplo). Por eso también la idea de crear una empresa de innovación alimentaria, tomando como modelo de organización el LIF (Laboratorio Industrial Farmacéutico), una institución destacada a nivel nacional. “A las empresas manufactureras tradicionales en la Argentina les cuesta incorporar innovación, si el Estado apoyara se generaría un círculo virtuoso, puestos de trabajo. Mi proyecto pone énfasis en la creación de conocimiento y en mejorar las condiciones en las que pueden competir el sector privado, el de la economía social y los productores primarios”, argumentó Hynes.
“Queremos que se ordene la ayuda que llega a través de todos los niveles del Estado en forma de subsidios, tarjetas, viandas; que se potencie la industria alimentaria; paliar el hambre; avanzar hacia compras inteligentes y estratégicas; garantizar el derecho a la alimentación y los hábitos alimentarios de la población asistida, cuya voz y preferencias ignoramos”, concluyó la dirigente socialista, además doctora en Química e investigadora independiente del Conicet, para quien a través de la comida se construye cultura, identidad, poder de decisión, autonomía y libertad.
Fuente: La Capital.
